Aunque es pronto para ser contundente, el hecho de que muchos estados hayan seguido a los pioneros en la regulación y ninguno quiera volver atrás da una cierta clave del éxito de estas iniciativas

 

Las experiencias de regulación de los mercados de cannabis en Uruguay, algunos estados de Estados Unidos y Canadá se han convertido en auténticos laboratorios sociales a los que el resto del mundo mira en busca de respuestas, soluciones e inspiración. En especial aquellos sectores sociales que abogan por la reforma de las políticas actualmente vigentes. Lo mismo sucede con aquellos países que, no habiendo dado el paso de la regulación integral, han optado por permitir el acceso legal a las personas que utilizan cannabis con fines terapéuticos y medicinales.

En estos territorios, el cannabis ha sido regulado de manera consistente y coherente con la forma en que sus sociedades gestionan los asuntos sociales y económicos. Uruguay optó por una regulación estatal, en la que son las administraciones públicas las que proveen el cannabis, a la vez que se permite el autocultivo y el autoabastecimiento de las personas usuarias en asociaciones o en el ámbito doméstico. Canadá y numerosos estados de Estados Unidos han optado por la regulación del mercado de cannabis con distintos grados de intervención pública y diferentes normas de funcionamiento según el caso. Un estilo más acorde con los valores individualistas y capitalistas fuertemente arraigados en estas sociedades, con una tradición de intervención estatal limitada en la vida de la ciudadanía y en la gestión de los asuntos públicos. Aquellos países que han optado por permitir únicamente el acceso al cannabis con fines medicinales y bajo supervisión médica, al menos en un primer estadio, también lo han hecho de maneras diversas.

Estos avances no deben hacernos olvidar que el cannabis sigue siendo una sustancia fiscalizada a nivel internacional. Las políticas de cannabis en la práctica totalidad de los países del mundo se rigen por la Convención Única sobre Estupefacientes de Naciones Unidas de 1961, que limita a fines exclusivamente médicos y científicos el uso, la producción y el comercio de las sustancias fiscalizadas. El cannabis fue considerado en esta convención una sustancia especialmente perjudicial y con un valor médico o terapéutico muy limitado, quedando sometido a las medidas de control más estrictas. La decisión de que el cannabis carecía de valor medicinal fue tomada con base en información sesgada y escasa y no en un análisis exhaustivo de la evidencia científica disponible, o de la compilación de experiencias de las personas usuarias. Esta decisión ha sido recientemente revisada por el Comité de Expertos en fármaco-dependencia de la Organización Mundial de la Salud que, más de 50 años después, ha concluido que existe evidencia suficiente de las múltiples propiedades y aplicaciones médicas del cannabis, y que conviene revisar su fiscalización.

Estados Unidos: La legalización capitalista

La situación legal y política del cannabis al interior de los diferentes estados de Estados Unidos es muy variada, a pesar de que la posesión y distribución de cannabis es un delito federal bajo la Ley de Sustancias Controladas (Controlled Substances Act). En 10 estados el uso de cannabis es legal para las personas adultas, habiendo todos ellos autorizado previamente el cannabis medicinal. Washington y Colorado fueron los estados pioneros en regular mediante referéndums en el año 2012, siendo las dos primeras jurisdicciones del mundo en hacerlo. Alaska y Oregón les siguieron en 2014, año el que también se legalizó el cannabis en la capital, Washington DC, si bien poco después el Congreso impidió la venta de cannabis en la ciudad. California, Maine, Massachusetts y Nevada se sumaron en 2016 y, a comienzos de 2018, Vermont se convirtió en el primer estado en autorizar la posesión y el cultivo doméstico mediante una ley aprobada en un Congreso estatal. Otros estados, si bien no han regulado el mercado de uso adulto, han dado pasos importantes hacia leyes de cannabis menos punitivas. Una treintena de estados cuentan con leyes de cannabis medicinal. Varios, además, han retirado las penas de cárcel por posesión de pequeñas cantidades de cannabis.

Cada estado regula de manera diferente las particularidades del mercado de cannabis, como el cultivo doméstico, las licencias de producción y comercio, los puntos de venta, la trazabilidad del cannabis o los impuestos que se aplican. No obstante, en todos los casos la regulación adopta una óptica capitalista y de injerencia mínima de las administraciones en las decisiones individuales. Lo cual no es extraño, pues la forma que toma la legalización del cannabis en cada caso, si pretende ser eficaz y sostenible en el tiempo, debe ser coherente con el enfoque más amplio con en el que las sociedades regulan sus actividades.

Si bien es pronto para extraer conclusiones contundentes, el hecho de que muchos estados hayan seguido la estela de Washington y Colorado y que ninguno quiera volver atrás nos da una cierta clave del éxito de estas iniciativas. En la actualidad, el cannabis es legal en 1 de cada 5 estados, y el cannabis medicinal en 3 de cada 5. Según un estudio de Gallup de octubre de 2018, el 66% de la población estadounidense apoya la legalización del uso de cannabis, una opinión transversal en todas las regiones del país, grupos de edad y afiliación ideológica. De acuerdo con la evaluación realizada por la organización Drug Policy Alliance en 2018, los estados están ahorrando recursos antes invertidos en aplicar las leyes de cannabis y destinándolos, por ejemplo en el caso de Colorado, a programas educativos, construcción de escuelas o prevención del acoso escolar. También ha tenido efectos positivos para la salud pública, pues permite el control de calidad y la trazabilidad de los productos que se consumen. El consumo entre las personas más jóvenes y la conducción bajo los efectos del cannabis, dos de los temas que más preocupan en estos procesos,  tampoco parecen haberse incrementado en los estados donde se ha regulado.

Además de estos impactos positivos, la regulación de estos mercados en el contexto capitalista estadounidense ha abierto nuevas reflexiones sobre la legalización del cannabis y sus consecuencias. Una de las más relevantes ha sido la desigualdad de acceso a la industria del cannabis, que está reportando enormes beneficios a una nueva clase empresarial cannábica, en su mayor parte conformada por hombres blancos de holgada posición social. No precisamente el colectivo que más ha sufrido las consecuencias de las políticas punitivas: las personas afroamericanas y latinas de origen humilde. La popular congresista Alexandria Ocasio-Cortez llevó esta cuestión al Congreso el pasado mes de febrero: no se puede separar la legalización del cannabis de las injusticias cometidas en nombre de la llamada “guerra contra las drogas”.

Canadá: ¿Un modelo mejorado?

El 17 de octubre de 2018 entraba en vigor en Canadá la llamada Cannabis Act con el objetivo de proporcionar acceso legal al cannabis a las personas adultas y controlar y regular su producción, distribución y venta. Canadá se convertía así en el segundo país del mundo en regular el mercado de cannabis, tras hacerlo Uruguay en 2013. Su gobierno había ido anticipando esta decisión en los foros internacionales sobre drogas ya desde 2016, en la Sesión Especial de Naciones Unidas dedicada al “problema mundial de las drogas”, con un discurso muy centrado en evitar el acceso de las personas menores de edad al cannabis, y en proteger la salud y la seguridad públicas mediante estrictos requisitos de acceso al mercado y de calidad del producto. El mismo presidente Justin Trudeau asumió un rol relevante en la defensa de esta ley, que además tiene la intención de reducir la carga del sistema de justicia penal relacionada con el cannabis.

Se considera un modelo mejorado respecto a las experiencias de Estados Unidos, ya que presta más atención a la salud pública y a las formas de venta y es más restrictivo con la publicidad y la incitación al consumo. Desde la entrada en vigor de esta ley, y sujeto a restricciones específicas que cada provincia y territorio considere convenientes, las personas mayores de 18 años pueden poseer legalmente hasta 30 gramos de cannabis, comprarlo en tiendas con licencia, e incluso en aquellas provincias donde no existe un marco regulado de venta al por menor, las personas pueden adquirir cannabis por Internet a productores con licencia federal. También se permite el cultivo doméstico de cannabis para uso personal de hasta 4 plantas por unidad de residencia, así como procesar productos en casa, como alimentos y bebidas con cannabis, con ciertas limitaciones (detalles recogidos en la página del Ministerio de Justicia canadiense). En cuanto al uso del cannabis para fines medicinales, continúa funcionando el sistema previo a la aprobación de esta ley, que data de 2001 y que permite el acceso al cannabis a aquellas personas que cuentan con la autorización de profesionales de la salud. Se estima que existen más de 40 productores con licencia autorizados por el Ministerio de Salud canadiense, y que miles de personas en el país tienen licencia para posesión y consumo de cannabis medicinal.

En Canadá no han estado exentos de las dificultades señaladas en el caso de los estados de Estados Unidos. A pesar de la reciente implementación de este modelo, ya se identifican problemas similares en relación con el acceso a la industria por parte de las comunidades más afectadas por la prohibición. Además, los antecedentes penales relacionados con el cannabis siguen presentes en las fichas policiales de las personas infractoras. Aunque se está trabajando en un programa de clemencia (también en California) para que las personas que hayan tenido problemas con la justicia antes de la entrada en vigor de la legalización no vean mermadas sus oportunidades de vida por este motivo.

La regulación de cannabis medicinal: Políticas y prácticas en el mundo

Actualmente decenas de países de todos los continentes cuentan con programas de cannabis medicinal. En el contexto europeo, por ejemplo, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Portugal o Italia. También Israel, Argentina, Chile, Colombia, México, Tailandia, Australia o Nueva Zelanda. Una lista que se va ampliando año tras año.

En 1996 el estado de California aprobó en referéndum la legalización del cannabis medicinal. En los años siguientes le siguieron Canadá y Países Bajos en 2001. Israel lanzó su programa de cannabis medicinal en 2007 (detalles tomados del mapa del programa Cannabmed).  La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo de Naciones Unidas encargado de velar por la correcta aplicación de los tratados internacionales sobre drogas, no tardó en reaccionar. La Junta criticó a estos países por contravenir los principios de los tratados, aunque estos permiten los usos médicos y científicos de las sustancias fiscalizadas. A pesar de ello, otros países y territorios se fueron sumando a la regulación medicinal, al considerar que paliar el sufrimiento de las personas que utilizan cannabis para aliviar sus dolencias no constituye una violación de los convenios internacionales sobre drogas, sino que garantiza derechos humanos universalmente reconocidos, como son el derecho a la salud y el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

Esto dio lugar a que en 2014 la JIFE se rindiera a la evidencia y estableciera, en su Informe Anual de ese año, las “Medidas de fiscalización aplicables a los programas de uso del cannabis con fines médicos en virtud de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes”. En este informe la Junta declara explícitamente que “la Convención Única permite a los Estados partes el uso del cannabis con fines médicos”. El Convenio de 1961 define cannabis como las “sumidades floridas” de la planta. Esto quiere decir que al hablar de programas de cannabis medicinal no estamos hablando de la comercialización de medicamentos que contengan cannabinoides, como es el caso de ciertos medicamentos disponibles en el mercado español y en otros países, e indicados para determinadas enfermedades, sino de las flores de la planta y de los numerosos derivados que se pueden elaborar con ellas como, por ejemplo, los aceites de cannabis, tan populares entre los pacientes hoy en día.

Solo bajo prescripción médica

Los criterios que han de cumplir los Estados que desean implementar programas de cannabis medicinal sin dejar de cumplir las normas internacionales son fundamentalmente dos. El primero, el gobierno ha de establecer una oficina encargada del control y la distribución del cannabis. El segundo, dicho cannabis únicamente puede ser adquirido bajo prescripción médica, de tal forma que no pueda ser derivado al mercado ilícito. La JIFE considera expresamente prohibido el cultivo de cannabis para uso personal con fines médicos: afirma que esto supondría un riesgo elevado de que las personas con necesidades médicas que lo cultivan puedan derivarlo al mercado ilícito, o favorecer el acceso a terceros de dicho cannabis.

Muchos son los aspectos destacables de los diferentes programas de cannabis medicinal existentes en el mundo. Quizá los ejemplos más paradigmáticos sean los de Países Bajos e Israel. En los Países Bajos es posible adquirir cannabis de calidad farmacéutica, bajo prescripción médica, en las farmacias. La hierba de cannabis se vende en botes de 5 gramos, estando disponibles diferentes variedades con ratios controlados y estandarizados de THC/CBD. En Israel se dispone además de una gran variedad de productos de cannabis, entre ellos diferentes aceites realizados con la planta. Además, gracias a su programa de cannabis medicinal, el país se ha convertido en la primera potencia mundial en investigación médica con cannabis. Entre los avances más recientes se encuentra el haber documentado por primera vez los beneficios del cannabis para el tratamiento del autismo infantil. En Israel también está permitido el uso del cannabis en los geriátricos, donde se ha observado su efecto beneficioso en personas ancianas con enfermedades neurodegenerativas como el párkinson.

Los programas de cannabis medicinal se están mostrando además beneficiosos en términos de salud pública: cada vez hay más investigaciones que concluyen que muchos pacientes sustituyen sus tratamientos con ansiolíticos, antidepresivos y analgésicos por el uso del cannabis. Lo cual no es interesante solo en términos de reducción de la toxicidad para el organismo o de ahorro en el gasto público sanitario, sino que nos invita a reflexionar sobre el tipo de sociedad hipermedicalizada en la que vivimos, y sobre las alternativas que estamos desaprovechando en términos de sostenibilidad, autocuidado y autoeducación respecto a nuestra propia salud individual y comunitaria.

Sin consenso suficiente

¿Para cuándo un programa de cannabis medicinal en España? Asociaciones de pacientes de cannabis medicinal y sus familiares y cuidadoras llevan varios años reclamándolo. La Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis (UPRC) y el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM) han conseguido llevar estas reivindicaciones a la clase política. Proposiciones no de ley sobre esta cuestión han sido registradas en algunos parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados. Pero por el momento no parece que exista un consenso político suficiente, ni entre la clase política ni entre el colectivo médico, y no se han hecho avances significativos. Aunque el debate está cada vez más presente en la sociedad y en los medios de comunicación.

La elección entre regulación medicinal o regulación integral del cannabis es obviamente una decisión política. Una decisión compleja, dado el riesgo evidente que supone regular únicamente un determinado uso del cannabis, dejando otros en la clandestinidad. Analizar los avances en otros países es clave, y más todavía regular de una manera coherente con las necesidades y características de nuestra propia sociedad. En España el uso recreativo está muy extendido y normalizado. Además, existe un colectivo numeroso de personas que realizan un uso medicinal del cannabis. Una regulación que pretenda ser exitosa debe tener en cuenta estas realidades. También construirse sobre la base de las propuestas de la sociedad civil en este ámbito. El terreno está abonado, solo falta la voluntad política. ¿La tendrán los gobiernos que surjan de las próximas elecciones?

 

Texto original: https://www.eldiario.es/sociedad/Regulacion-medicinal-regulacion-legalizado-diferentes_0_918308735.html